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Hace unos meses nos sorprendían ciertas noticias que añadían más sospechas a que la libertad de expresión en internet tenía los días contados.

El 24 de mayo de 2011 se debatía el futuro de internet en la reunión del e-G8 (el G-8 con personalidades del “mundo virtual”, que también manda huevos…). Sarkozy comentaba que la actividad en internet no podía ser ajena a la regulación de los estados, ya que es una actividad que forma parte de la vida de los ciudadanos y por ello los gobiernos tienen que acotar legalmente las actividades en internet. Lo curioso es que no tengan la misma prisa en regular las transacciones financieras y la actividad especulativa de los mercados que ya han arruinado las economías mundiales afectando muy negativamente a la vida de las personas en todo el mundo. ¿No queríais globalización? ¡Pues ahí van dos tazas!
Tenéis el vídeo y la transcripción (a la derecha) aquí.

El 28 de mayo de 2011 se anunciaba el nombramiento del CEO de Twitter, Dick Costolo (entre otros) como consejero de seguridad en telecomunicaciones en la Administración de los EEUU. Elegido por Obama para tal fin. Podéis leer la noticia aquí.

Twitter, entre otras redes sociales, tuvo un papel más que importante en las revueltas del norte de África y en muchas movilizaciones sociales en el resto del mundo. Aquí fue de gran utildad para conocer qué se estaba gestando tras la ley Sinde y también fue fundamental para que se difundieran movimientos como el #nolesvotes, previos al estallido 15m en España (para el que Twitter también tuvo un papel clave, y lo sigue teniendo).

Pues bien, cuando lees que el CEO de Twitter se pone en manos del gobierno más poderoso del mundo, lógicamente se le ponen a uno los pelos como escarpias. Lo demás viene con el tiempo:

El 27 de enero de 2012 se anuncia que Twitter podrá bloquear contenido inapropiado en cada país. Y la pregunta es: ¿Qué es “inapropiado”? Evidentemente no se trata de eliminar contenido ilegal (pornografía infantil, etc…) si no de eliminar (es decir, censurar) contenido que no es apropiado, ¿apropiado para quién, para qué? La crítica feroz al sistema y a los gobiernos se ha extendido ampliamente gracias a estas redes y ha permitido la paulatina concienciación de muchos ciudadanos, lo que ha facilitado grandes movilizaciones en todo el mundo. Está claro que las redes sociales constituyen un enorme grano en el culo de nuestras clases dirigentes, y viendo del palo que van me los imagino deseosos de poder controlar lo que se cuece por estas redes.
Noticias al respecto aquí y aquí.

¡Ah! Y por supuesto, que se puedan controlar los contenidos significa que controlan lo que buscas, lees, visitas y escribes en internet.

Bueno, y no hablo de SOPA, PIPA y sus correspondientes europeas. Solo decir, que no poder ver series online, es lo menos importante que nos puede pasar.

A por las cintas virgen:

El derecho de copia privada es un derecho que te permite realizar una copia de una obra para uso privado y sin ánimo de lucro.
¿Quién no se ha hecho un remix de la radio en una cinta virgen?

Pues ya por aquel entonces empezó esto del Canon por copia privada que surge a partir de entidades privadas que gestionan los derechos de autor y que consiguieron, ya por el 87, que el gobierno aprobara la inclusión de una tasa en el precio de los productos que facilitaran la grabación y el almacenamiento de material grabado (cintas vírgen, vídeo, etc.). Se supone que de esta manera, esta tasa cubriría los derechos de autor de los miembros asociados a estas entidades privadas.

Parece entonces que los derechos de autor valen más que los derechos de copia privada, derecho mermado al tener que pagar esa tasa al comprar cualquier formato de grabación, aunque su uso sea bien distinto a la grabación de obras de los miembros de estas entidades.

Por tanto, copie o no copie se me impone una tasa como si lo que fuera a hacer… ¿Qué hay entonces de mi presunción de inocencia?

A por los formatos digitales
Bueno, por aquel entonces, estas entidades privadas tipo SGAE sacaban bastante tajada, pero nada que ver con lo que acompañó a los formatos digitales: ganancias anuales, en el caso de la SGAE, de unos 300 millones de euros. Así que si compras cualquier formato de almacenamiento de información estás pagando a la SGAE y a todos sus grandes artistas adscritos a ella. Por cierto, esta entidad privada gana hasta en los conciertos benéficos. Los artistas no cobran, pero ellos sí. Merece la pena echarle un vistazo a las polémicas desatadas en torno a la SGAE

Las cuantías del canon van desde 0’17 céntimos a 227 euros. Podéis ver la tabla por importe y tipo de producto en la wiki.

¡A por internet!
Con todo esto de los derechos de autor y demás, como es lógico, a algunos, esto de internet les debía poner los pelos como escarpias, así que las descargas P2P (emule, etc) en internet de obras con copyright ha desatado una revisión legislativa que pretende controlar estas descargas filtrando y cerrando páginas web que contengan o enlacen con contenidos con copyright. Aunque en mayo se aprobó la enmiendo 138 (punto también bastante polémico) que impede que se pueda restringir a los usuarios el acceso a internet sin previa orden judicial, el debate sigue abierto.

Y ya que hablé de los lobbies en Tools for Democracy, quizás os interese saber
qué lobbies
están actuando detrás de todas estas negociaciones.

Hay muchísima información sobre las descargas en internet, la libertad de expresión y la libre circulación de información en la red, las nuevas legislaciones restrictivas y demás en internet y quizás nos convendría estar al tanto ya que puede que nos afecte directamente. Así que como guía os dejo este enlace que resume bastante la polémica y aporta muchos otros enlaces interesantes.

También estaría bien que leyérais y difundiéras el siguiente manifiesto:

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN INTERNET

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9 Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

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